DESEMPLEO DE AUTÓNOMOS

Con la aprobación de la Ley 32/2010 publicada en el BOE de 6 de Agosto de 2010, está disponible la prestación por cese de actividad.
Requisitos para acceder al paro de los autónomos
Para tener derecho a la prestación por cese de actividad o desempleo de los autónomos, es necesario que cumplas con éstos requisitos:
• Tienes que estar afiliado y en situación de alta en el RETA.
• Que cotices y tengas cubierta la protección por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
• Que tengas cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad, que debe haberse efectuado en los 48 meses anteriores al cese y de manera continuada en al menos los 12 meses justamente anteriores al cese.
• Encontrarte en situación legal de cese de actividad, suscribir el compromiso de actividad y acreditar que tienes disposición activa para reincorporarte al mercado de trabajo.
• No puedes tener cumplida la edad ordinaria que te da derecho a la jubilación, salvo que no tengas acreditado el período de cotización requerido para ello.
• Tienes que estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Si no cumples este requisito en la fecha del cese de actividad pero tienes cubierto el periodo mínimo de cotización que te da derecho a la prestación, tienes un plazo de treinta días naturales para ingresar las cuotas que debes.
Base y Tipo de Cotización para determinar la prestación
Para determinar tu prestación por cese de actividad y saber el paro de autónomo, tienes que saber que la base de cotización se corresponde a la base de cotización del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos por la que cotizas mensualmente.
El tipo de cotización que te aplicarán, en concepto de protección por cese de actividad, será del 2,2%. No obstante la ley establece que los trabajadores autónomos acogidos a la protección por cese de actividad tengan una reducción de 0,5 puntos en la cotización de la cobertura de incapacidad temporal por contingencias comunes. Por lo que finalmente tu cotización aumentará en un 1,7%.
Esta cuota va obligatoriamente unida a la cotización por Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales.

Duración de la prestación económica por cese de actividad
El número de meses a los que tendrás derecho a cobrar la prestación por cese de actividad dependerá del período que hayas cotizado.
Para cobrar el desempleo para autónomos es importante que sepas que tienes que haber cotizado de forma continua los doce meses inmediatamente anteriores al cese de tu actividad.
A continuación te resumimos la relación que se ha establecido entre los períodos de cotización y la duración de la prestación por cese de actividad para el paro de autónomo:
Período de cotización (meses) Duración de la prestación
De doce a diecisiete Dos meses
De dieciocho a veintitrés Tres meses
De veinticuatro a veintinueve Cuatro meses
De treinta a treinta y cinco Cinco meses
De Treinta y seis a cuarenta y dos Seis meses
De Cuarenta y tres a cuarenta y siete Ocho meses
De Cuarenta y ocho en adelante Doce meses
Hay algunas variaciones para el desempleo autónomo en el caso de trabajadores autónomos entre 60 y 64 años:
Período de cotización (meses) Duración de la prestación
De doce a diecisiete Dos meses
De dieciocho a veintitrés Cuatro meses
De veinticuatro a veintinueve Seis meses
De treinta a treinta y cinco Ocho meses
De Treinta y seis a cuarenta y dos Diez meses
De Cuarenta y tres en adelante Doce meses
Cuantía de la prestación del paro para autónomos
La cuantía de la prestación para el paro de autónomo será el 70 % de tu base reguladora. La base reguladora de la prestación económica para el desempleo de autónomo será el promedio de las bases por las que hayas estado cotizando durante los doce meses inmediatamente anteriores al cese de tu actividad

Causas del cese de actividad
Para tener derecho a la prestación, es necesario que demuestres que el cese en la actividad está provocado por alguna de las siguientes causas:
1. Cuando se produzcan motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos que hagan inviable continuar con la actividad económica o profesional.
o Pérdidas derivadas del ejercicio de la actividad: superiores al 30% de los ingresos en un año completo, o superiores al 20% en dos años consecutivos y completos. Hay que tener en cuenta que el primer año de la actividad no computa en éste caso.
o Cuando el 40% de los ingresos de la actividad correspondientes al ejercicio económico inmediatamente anterior estén destinados a ejecuciones judiciales tendentes al cobro de deudas reconocidas por los órganos judiciales.
o Por declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad.
 El modo de acreditar esta causa es mediante declaración jurada del solicitante, a la que tendrá que acompañar en función del motivo alegado, los documentos de carácter contable, profesional, fiscal, administrativo o judicial, en los que se hará constar la fecha de producción de los motivos a los que se alude.

2. Cuando se den causas de fuerza mayor que determinen el cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional.
o Se acredita mediante declaración expedida por los órganos gestores en los que se ubique territorialmente el negocio o la industria afectados por el acontecimiento causante de fuerza mayor. Además tendrá que acompañar una declaración jurada del solicitante del cese temporal o definitivo de su actividad, y tendrá que hacer constar la fecha de la producción de la fuerza mayor.
o
3. Por pérdida de la licencia administrativa, cuando la misma sea un requisito para el ejercicio de la actividad y no esté motivada por incumplimientos contractuales o por la comisión de infracciones, faltas administrativas o delitos imputables al autónomo solicitante.
4.
o Se acredita mediante resolución en la que se deniega o revoca la licencia.
5. Violencia de género que obligue al cese temporal o definitivo de la actividad de la trabajadora autónoma.
o Se acredita mediante declaración escrita de la solicitante de haber cesado o interrumpido su actividad económica o profesional, a la que se adjuntará la orden de protección o, en su defecto, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia.
6. Por divorcio o acuerdo de separación matrimonial, en los casos en que el autónomo divorciado o separado ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de la persona de la que se ha separado y que dejan de ejercerse a causa de la ruptura o separación matrimonial.
o Se acredita mediante resolución judicial, así como la documentación en la que conste la pérdida de ejercicio de las funciones de ayuda familiar directa en el negocio, que se realizaban antes de la ruptura o separación.
En el caso de los trabajadores autónomos económicamente dependientes se consideran situación legal de cese de actividad:
• Por la terminación de la duración convenida en el contrato o finalización de la obra o servicio.
• Por incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado.
• Por rescisión de la relación contractual por parte del cliente, tanto justificada como injustificadamente.
• Por muerte, incapacidad temporal o jubilación del cliente, cuando impida la realización de la actividad.
La Ley no considera situación legal de cese de actividad los siguientes:
• Cuando se interrumpa o cese la actividad voluntariamente (salvo en caso de que sea como consecuencia de incumplimiento grave del cliente).
• Los autónomos económicamente dependientes que tras terminar su relación con el cliente y percibir la prestación, vuelvan a contratar con el mismo cliente en un plazo de un año desde que se extinguió la prestación. En cuyo caso el Trade tendrá que reintegrar la prestación.
Suspensión del derecho al desempleo de los autónomos
La suspensión conlleva la interrupción del abono de la prestación económica y de la cotización por mensualidades completas, sin afectar al período de su percepción.
El derecho a la protección se suspenderá en los siguientes casos:
• Durante el período de realización de un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena inferior a 12 meses.
• Durante el período correspondiente por imposición de sanción por infracción leve o grave, en los términos establecidos en la LISOS. En éste caso el período de percepción se reduce por tiempo igual al de la suspensión producida.
• Durante el cumplimiento de condena que implique privación de la libertad.
Reanudación de la prestación por cese de actividad
La protección se reanudará previa solicitud del interesado. Hay que acreditar que la causa de suspensión de la prestación ha finalizado y que se mantiene la situación legal de cese de actividad. La reanudación supone disfrutar de la prestación pendiente de percibir.
El derecho a la reanudación nace a partir del fin de la causa de suspensión, y tiene que solicitarse en el plazo de los 15 días siguientes a la extinción de la causa de suspensión. Si la solicitud se presenta transcurrido éste plazo, se descontarán los días que medien entre la fecha que debió presentarse y la que se presentó.
Prestaciones especiales para el desempleo autónomo por cese de actividad
La Ley para la protección por cese de actividad de los autónomos finalmente aprobada, incluye dos aspectos muy interesantes que quedan pendientes de su regulación definitiva a través de reglamentos específicos:
• Una prestación para autónomos no contributiva de 425 € para autónomos en paro desde el 1 de enero de 2009 y que no reciban ninguna otra ayuda o prestación pública. Mientras se percibe la misma es necesario seguir un itinerario de orientación y formación para mejorar la ocupabilidad. Algunos de los requisitos son: haber cotizado en el RETA tres de los últimos cinco años, y que la media de ingresos familiares por persona no supere el 75% del SMI.
• Sistema por el que se puedan capitalizar las prestaciones para poner en marcha un nuevo negocio.

Dudas frecuentes
¿Es posible cotizar por Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales sin tenerlo que hacer por cese de actividad?
No, los autónomos que tengan cubierta su cobertura de contingencias profesionales por Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional, obligatoriamente tendrán que cotizar también por cese de actividad.
¿Es obligatoria la cotización por cese de actividad?
Es voluntaria, pero si se cotiza con Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, obligatoriamente se tiene que cotizar por el cese de actividad. Salvo en el caso de los trabajadores autónomos con mayor riesgo de siniestralidad y que se encuentren en situación de pluriactividad, en tanto se mantenga la misma, no tendrán la obligación de incorporar la cobertura de la protección por cese de actividad.
¿Dónde debe solicitarse el desempleo de los autónomos?
En la Mutua de Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales con la que se tenga cubierta la protección por contingencias profesionales. Excepto para aquellos autónomos que no tengan mutua, la gestión corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal.
Si se ha cotizado por Accidente de Trabajo y Enfermedades profesionales antes de entrada en vigor la Ley del cese de actividad, ¿ese tiempo se tiene en cuenta para el cálculo de la prestación?
No, puesto que a pesar de ir unida la cotización por Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales a la del cese de actividad, por esta última se empezó a cotizar con la entrada en vigor de la Ley por lo que solo cuenta el tiempo en el que se ha cotizado específicamente por ella.
¿Cuándo empieza a percibirse la prestación una vez que se produce el cese de actividad?
A partir del primer día del segundo mes siguiente a aquel en que se produjo el hecho causante. Por ejemplo si se cesa en la actividad en julio el disfrute de la prestación comenzaría en septiembre.
En el caso del Trade cuando haya finalizado su relación con el cliente principal. Además para tener derecho a la prestación no podrá tener actividad con otros clientes a partir del día en que se inicie el cobro de la prestación.
¿Qué plazo hay para solicitar el paro para autónomos?
Hasta el último día del mes siguiente al que se produjo el cese de actividad.
En aquellas situaciones en las que el cese de actividad sea por motivos económicos, técnicos, productivos y organizativos, de fuerza mayor, por violencia de género, por voluntad del cliente fundada en causa justificada y por muerte, incapacidad y jubilación del cliente, el plazo comenzará a computar a partir de la fecha que conste en los documentos que acrediten la concurrencia de tales situaciones.
¿Hay posibilidad de solicitar la prestación fuera de plazo?
En tal caso se descontarán del período de percepción los días que medien entre la fecha en que debería haber presentado la solicitud y la fecha en que se presentó.
¿Quien se hace cargo de la cuota de la Seguridad Social?
La Mutua se hace cargo de la cuota a la Seguridad Social, a partir del mes siguiente al del hecho causante del cese de actividad, siempre que se solicite en el plazo previsto. En otro caso se hará cargo a partir del mes siguiente al de la solicitud.
En el caso del autónomo dependiente (Trade), cuando haya finalizado su relación con el cliente principal, en el supuesto de que, en el mes posterior al hecho causante, tuviera actividad con otros clientes, el órgano gestor estará obligado a cotizar a partir de la fecha de inicio de la prestación.
¿Puede volver a percibirse la prestación tras agotar una anterior?
Sí, pero para tener derecho al reconocimiento de una nueva prestación tendrán que transcurrir 18 meses desde la extinción de la prestación anterior y siempre que se cumplan los requisitos legales.
Si se tiene cotizado por cese de actividad en otro Régimen de la Seguridad Social además de en Autónomos, ¿Se tiene en cuenta para el cálculo de la prestación?
No, únicamente se tienen en cuenta las cotizaciones por cese de actividad efectuadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
¿Si cierro mi establecimiento voluntariamente tengo derecho a la prestación por cese de actividad?
No, para tener derecho a la prestación tienes que justificar que el cese de actividad es involuntario y por tanto acreditar que el cierre de tu establecimiento es por motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos que hacen inviable continuar con la actividad económica o profesional.

Más info: http://www.infoautonomos.com

23. junio 2014 by Fundación Beronia
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¿Cuales son las peculiaridades del despido colectivo en el sector público? (el procedimiento)

Por lo que se refiere al procedimiento propiamente dicho, constará de las siguientes fases:

1. Comunicación del inicio: El procedimiento se iniciará por el Departamento, Consejería, Entidad Local u organismo de que se trate, que comunicará por escrito a los representantes legales de los trabajadores, a la autoridad laboral y al órgano competente en materia de Función Pública, la apertura del período de consultas. Esa comunicación se acompañará de una documentaciónespecífica en función de la causa alegada para el despido, y que se especifica en los artículos 38 a 40 de la norma, y de una documentación general constituida por una memoria explicativa de las causas del despido y su relación con los principios, contenidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con las medidas o mecanismos previstos en ella o con los objetivos de estabilidad presupuestaria que persigue, y los criterios que se han tenido en cuenta en relación con el establecimiento de la prioridad de permanencia del personal laboral fijo que hubiera adquirido esa condición de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Finalmente, destacar que junto a esa documentación se deberá acompañar una acreditación de la solicitud de la elaboración del plan de recolocación externa, si procediera por el número de trabajadores afectados, dirigida al correspondiente Servicio Público de Empleo.

2. Período de consultas: Tras la comunicación del inicio del procedimiento de despido colectivo, se abrirá un período de consultas con el objeto de llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores; en ese período se deberán examinar, al menos, las posibilidades de evitar o reducir los despidos o de atenuar sus consecuencias. Este período se desarrollará conforme al procedimiento general establecido en el Real Decreto.

Al finalizar el período de consultas, el Departamento, Consejería, Entidad Local, organismo o entidad deberá presentar el plan de recolocación externa antes citado, cuando proceda según el número de trabajadores afectados.

3. Comunicación del resultado de las consultas: Tras la finalización del período de consultas, el Departamento, Consejería, organismo o entidad de que se trate comunicará al órgano competente de su respectiva Administración, el resultado de esas consultas, acompañado en su caso del correspondiente acuerdo que proponga suscribir o de la decisión que proponga adoptar, para que ese órgano competente emita informe al respecto; ese informe será vinculante en el caso de la Administración del Estado o en el de otras Administraciones Públicas en las que la normativa aplicable contemple la obligación de emitir un informe previo y favorable a la adopción de acuerdos o convenios de los que se pudieran derivar costes.

4. Formalización del acuerdo o decisión definitiva: Emitido el informe se formalizará, en su caso, el acuerdo que se hubiere alcanzado en un plazo máximo de 10 días desde la recepción de aqueel, o se procederá en igual plazo a adoptar la decisión definitiva que proceda.

5. Comunicación del acuerdo o de la decisión definitiva: El resultado del período de consultas será comunicado por el Departamento, Consejería, Organismo o entidad, a la autoridad laboral competente y a los representantes de los trabajadores, en un plazo de diez días a contar desde la fecha de formalización del acuerdo o, si éste no se hubiera alcanzado, desde la adopción de la decisión definitiva (el plazo será de 15 días en el caso de la Administración Local, a contar la última reunión celebrada en el período de consultas), trasladándole copia del acuerdo si se hubiese alcanzado y remitiendo la documentación oportuna.

Transcurrido el plazo señalado de 10 días (o 15 en el caso de la Administración Local), sin que el ente u organismo afectado haya comunicado la decisión de despido colectivo, el procedimiento concluirá por caducidad, que no impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento

26. julio 2013 by Fundación Beronia
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¿Cuales son las peculiaridades del despido colectivo en el sector público? (causas)

El Título III del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, establece una normativa específica para los procedimientos de despido colectivo que afecten al personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. En este sentido, la norma establece una distinción entre los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público según tengan la consideración o no de Administraciones Públicas conforme a lo establecido en el artículo 3.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Si carecen de la consideración de Administración Pública, se aplicará el procedimiento general que establece el Real Decreto, y que se regula en su Título I, tanto en lo que se refiere a la definición de las causas de despido como al procedimiento aplicable. La norma tan sólo prevé una especialidad en materia de documentación: además de aportar la exigida con carácter general, los entes, organismos o entidades deberán indicar la relación de las causas del despido con los principios contenidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con las medidas o mecanismos previstos en la ella o con los objetivos de estabilidad presupuestaria a que dicha norma se refiere.

Las especialidades, por tanto, van a afectar a los entes, organismos y entidades que formando parte del sector público se consideran, además, Administración Pública, unas especialidades, que, según la norma, tienen su razón de ser en las particularidades que presenta la determinación de las causas de despido colectivo en las Administraciones Públicas. Recordemos que estamos hablando de despidos colectivos por causas económicas, técnicas u organizativas del personal laboral al servicio de los entes ya referidos, y se entenderá que concurren estas causas en los siguientes supuestos:

Causas económicas: cuando se produzca en la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente u organismo, una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. La insuficiencia se entenderá en todo caso persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos, y se considerará que existe insuficiencia presupuestaria cuando en el ejercicio anterior la Administración Pública de que se trate hubiera presentado una situación de déficit presupuestario y cuando los créditos del Departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al ente, órgano o entidad o sus créditos, hayan disminuido en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

Causas técnicas: cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate, y, finalmente,

Causas organizativas: cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.

Para que se aplique el procedimiento especial que regula esta norma, la extinción, en un período de 90 días, deberá afectar a un número mínimo de trabajadores, computando la totalidad del personal laboral contratado en el ámbito correspondiente con arreglo al Estatuto de los Trabajadores o a la normativa dictada en su desarrollo, concretamente deberá afectar:

ó Diez trabajadores , en el Departamento Ministerial, Consejería de las CCAA o entidades de la Administración Local, o en los entes u organismos dependientes o vinculados a cualquiera de ellas, que ocupen menos de 100 trabajadores.

ó El 10% del número de trabajadores de los mismos, que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

ó Treinta trabajadores en aquellos entes u organismos que ocupen más de trescientos trabajadores.

 

26. julio 2013 by Fundación Beronia
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